A) Los Derechos Básicos.

 

Los derechos fundamentales de los ciudadanos en relación con el ámbito sanitario fueron definidos en 1986 en la Ley General de Sanidad (LGS). En base a la legislación, los ciudadanos, en relación con el Sistema Sanitario, tienen los siguientes derechos básicos, los cuales deberán ser velados celosamente por la Dirección del Centro Sanitario y el personal sanitario:

1.- Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical.

2.- A la información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.

3.- A mantener su privacidad y a que se garantice la confidencialidad de sus datos sanitarios.

4.- A conocer si el procedimiento diagnóstico o terapéutico que le sea dispensado será empleado en un proyecto docente o en una investigación clínica, que en ningún caso podrá comportar un peligro adicional para su salud, a efectos de poder otorgar su consentimiento.

5.- A que se le asigne un médico y a conocer su identidad, quien será responsable de proporcionarle toda la información necesaria que requiera, para poder elegir y, en su caso, otorgar su consentimiento a la realización de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, profilácticos y otros, que su estado de salud precise.

6.- A ser verazmente informado, en términos comprensibles, de forma completa y continuada, verbal y por escrito, en relación con su propia salud, para poder tomar una decisión realmente autónoma.

7.- Este derecho incluye el respeto a la decisión de no querer ser informado.

8.- A que, por decisión propia, la información sea proporcionada a sus familiares, allegados u otros, y que sean éstos quienes otorguen el consentimiento por sustitución.

9.- A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo necesario su consentimiento por escrito, excepto:

  • Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
  • Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso la decisión corresponderá a familiares o allegados.
  • Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o peligro de fallecimiento.

10.- A la libre elección de médico y centro sanitario, así como a una segunda opinión, en los términos que reglamentariamente se determinen.

11.- El ciudadano tiene derecho a ser informado de los riesgos para su salud en términos comprensibles y ciertos, para poder tomar las medidas necesarias y colaborar con las autoridades sanitarias, públicas o privadas, en el control de dichos riesgos.

12.- A que, en situaciones de riesgo vital o incapacidad para poder tomar decisiones sobre su salud, se arbitren los mecanismos necesarios para cada circunstancia que mejor protejan sus derechos.

13.- A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar su estancia en el Hospital, el paciente, familiar o persona allegada, recibirá su informe de alta.

14.- A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria.

15.- A participar, a través de diversos mecanismos, en las actividades sanitarias del Hospital, a juicio de éste.

16.- A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno y otro caso deberá recibir respuestas por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

17.- A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios parar promover, conservar o restablecer su salud, en los términos establecidos reglamentariamente por la Administración del Estado.

18.- A recibir la ayuda y apoyo correspondientes para que las prestaciones sanitarias le sean dispensadas dentro de unos plazos previamente definidos y conocidos, que serán establecidos reglamentariamente.

 

B) Derechos de los ciudadanos a la información sanitaria.

 

La legislación en materia sanitaria garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la información en el contexto de la atención sanitaria.

Además, para evitar que la información recibida por otros medios (publicidad, promoción de nuevas tecnologías o servicios u otros) pueda limitar o imposibilitar a los ciudadanos el ejercicio autónomo y responsable de su facultad de elección, se contempla el derecho a la información sanitaria de una forma diferenciada del derecho a la información sobre su estado de salud, estableciendo que:

La autoridad sanitaria velará por el derecho de los ciudadanos a recibir, por cualquier medio de comunicación, información sanitaria clara, veraz, relevante, fiable, equilibrada, actualizada, de calidad y basada en la evidencia científica, que posibilite el ejercicio autónomo y responsable de la facultad de elección y la participación activa del ciudadano en el mantenimiento o recuperación de su salud.

En este sentido, la Dirección del Hospital cooperará lealmente, contando con su firme compromiso.

La autoridad sanitaria garantizará el derecho del paciente a recibir información sanitaria por medio de las siguientes actuaciones:

  1. Desarrollo de mecanismos de acreditación que permitan la identificación por parte del ciudadano y del profesional de las fuentes de información que cumplan con los requisitos exigibles.
  2. Desarrollo de redes de información sanitaria integrada de calidad, cumpliendo con todas las medidas que estén vigentes en materia de protección de datos de carácter personal y de identificación mediante firma digital avanzada.
  3. Fomento del autocontrol responsable en la información sanitaria.
  4. Control directo de la publicidad sanitaria en los casos y en la forma que reglamentariamente se determine.
  5. Difusión directa de información sanitaria de interés para el ciudadano con especial énfasis en situaciones de riesgo derivadas de alertas o emergencias sanitarias.
  6. Difusión de la información sobre los servicios sanitarios a los que puede acceder el ciudadano, así como sobre las normas para su uso.

Asimismo, en este sentido, se cuenta también con el firme compromiso para la cooperación leal de la Dirección del Hospital.

 

C) Deberes y obligaciones de los ciudadanos respecto a la utilización del sistema sanitario.

 

La legislación en materia sanitaria establece los siguientes deberes y obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos sanitarios. Como pasa siempre, los derechos llevan inherente deberes y obligaciones. Tales deberes y obligaciones, que persiguen el bien común, serán velados asimismo por la Dirección del Hospital, para su estricto cumplimiento, contando con su firme compromiso:

Los pacientes y sus familiares y otros acompañantes deberán:

1.- Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios, y por el propio Hospital.

2.- Utilizar las instalaciones sanitarias del Hospital de forma adecuada a fin de que las mismas se mantengan en todo momento en condiciones de habitabilidad y buen uso, dado su carácter de instalaciones de uso hospitalario.

3.- Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos y de las prestaciones del Sistema Sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones.

4.- Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. De negarse a ello, la Dirección del Hospital, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrá dar el alta, si así lo considera, dada su condición de profesional de la medicina, con responsabilidades además de dirección y gestión.

5.- Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que le otorga la Ley.

6.- Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste servicios en los mismos. A este respecto se recuerda el carácter de Autoridad que es conferida a un profesional sanitario en el ejercicio de su profesión. No se permitirá por parte de la Dirección de Hospital el más mínimo indicio de falta de respeto a los profesionales que trabajan en dicho Hospital, interponiendo las demandas correspondientes y ejerciendo los derechos que a este respecto marca la Ley.

7.- Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente, en el que quedará expresado con claridad que dicho paciente ha quedado suficientemente informado y rechaza el procedimiento sugerido. Si no es así, la Dirección del Hospital habilitará el correspondiente procedimiento para subsanar de manera adecuada tal negativa a firmar por parte del paciente, y no quede sombra alguna de duda sobre la actuación del Hospital. 

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